Resumen: La Sala examina, en apelación, la sentencia dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo que estimó el recurso interpuesto por la entidad actora contra la resolución por la cual le fueron impuestas determinadas penalidades por el incumplimiento parcial de los términos de un contrato. Afirmaba la entidad actora que las penalidades pueden imponerse durante la ejecución del contrato, no una vez finalizado este, porque las mismas persiguen el debido cumplimiento y corregir los eventuales incumplimientos contractuales, pero no castigar conductas pues no tienen una naturaleza sancionadora, por lo que perderían dicha finalidad. En su sentencia, la Sala recuerda que, conforme a reiterada jurisprudencia, las penalidades responden al ejercicio de una facultad de coerción sobre el contratista para la correcta ejecución del contrato, facultad que implica poderes de dirección, inspección y control que, en garantía del interés público, se atribuye a la Administración. De este modo, conviene con la sentencia apelada en que, una vez finalizada la ejecución del contrato, la imposición de penalidades no puede cumplir la finalidad que le es propia en orden a forzar, mediante su reiteración, el cumplimiento de determinada obligación contractual.
Resumen: El acto administrativo es la resolución de la Demarcación de Costas en las Illes Balears de 2 de diciembre de 2020 que sanciona a la recurrente por ocupación del dominio público marítimo-terrestre sin autorización en el término Municipal de Pollensa. La resolución indicaba que contra ella podía interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Costas, pero no instruyó a la parte sobre si agotaba o no la vía administrativa. Así las cosas, en el pie de recurso de la resolución dictada, faltaba un dato fundamental para el conocimiento del administrado sobre lo procedente, esto es, que no agotaba la vía administrativa. Y esa omisión resulta ahora trascendental, ya que precisamente, no haber agotado la vía administrativa, es lo que la defensa de la Administración reprocha a la actora. En cuanto al fondo Considera la multa impuesta de 5.600 euros absolutamente desproporcionada si se tiene en cuenta que es una falta leve. También critica que la cantidad del beneficio obtenido está mal calculado y es irreal, máxime en tiempo de pandemia del Covid 19. Todo ello contradice lo que se observa de las fotografías obrantes en el expediente. En cuanto a la multa impuesta, ni es desproporcionada ni está falta de motivación. Pudiendo ser sancionada la parte hasta un total de 60.000 euros, a razón de 20 euros por m2/día, se la sanciona por la ocupación de 80 m2 durante 7 días, esto es, los que el servicio de vigilancia acudió al lugar y pudo constatar que el negocio estaba abierto
